Cuando en junio del 2024 entró en vigor la ley de Amnistía, algunos juristas apuntaron que determinados jueces aplicarían “maniobras de dilación” para que los impulsores del procés no se beneficiaran antes de cumplir gran parte de la inhabilitación impuesta por la sentencia, una vez los indultos parciales les habían sacado de prisión. Con el aval del TJUE a la norma, lo tienen más difícil.