Existe una narrativa extendida que presenta a España como una potencia colonial más humanitaria que el Reino Unido o Francia. En ella, las Leyes de Burgos de 1512, que protegían a los indígenas americanos, aparecen como prueba de una vocación civilizadora.
Lo que esa narrativa omite es que las mismas instituciones que protegían a los indígenas jamás extendieron esa protección a las personas esclavizadas traídas del África subsahariana.