Las dos historias que os contaré están separadas por tan solo un trimestre. Os adelanto que las historias en sí comienzan a partir del sexto párrafo, siendo los párrafos 2 a 5 una introducción que me parece importante para contextualizarlas.

Empezaré diciéndoos que soy profesor de Filosofía del Derecho en la Universidad de Murcia. Esta asignatura puede enfocarse desde diversas perspectivas, algunas más vinculadas con la lógica y la filosofía del lenguaje, y otras con materias como la teoría de la justicia, reflexionando en este último caso sobre la relación entre Derecho y justicia, esto es, sobre si existen principios de justicia elementales que deben inspirar la norma jurídica para que ésta pueda cumplir rectamente su función de ordenar la convivencia social, y sobre cuáles serían las consecuencias de que la ley viole estos principios (por ejemplo, justificación de la desobediencia civil o incluso la resistencia violenta contra la ley extremadamente injusta).

A mí me interesa singularmente la teoría de la justicia (hace poco escribí un artículo sobre la cuestión https://djhr.revistas.deusto.es/article/view/3281/4179 ) por su enorme impacto práctico en la conciencia ciudadana acerca de la dignidad y los derechos que, gobierne quien gobierne, nos pertenecen por nuestro propio valor humano, y que sólo disfrutaremos si reivindicamos con uñas y dientes. Educar en derechos es vital para tener derechos, y sin duda los derechos más irrenunciables son los Derechos Humanos, en la medida que protegen los bienes jurídicos (vida, libertad, igualdad...) más valiosos e intrínsecamente ligados a nuestra propia humanidad, consagrando a cada persona como un fin en sí mismo, un sujeto sensible, moral e intelectual, que tiene derecho a desarrollar libremente su personalidad, vivir de acuerdo con su identidad y sus convicciones, y jamás ser denigrado, explotado o mediatizado por otros.

Luigi Ferrajoli califica los Derechos Humanos como una "esfera de lo indecidible", es decir, como un ámbito de poder que habilita a cada individuo a proteger los bienes jurídicos que amparan frente a cualquier mayoría. Ninguna mayoría política puede decidir pisotear la libertad de expresión, el derecho a la educación o la integridad física de un individuo. Primero porque tales bienes constituyen, desde nuestro nacimiento mismo, propiedades que sólo a nosotros nos pertenecen y que nadie está legitimado para arrebatarnos. Y, en segundo lugar, porque no hay democracia sin Derechos Humanos, ya que la negación de cualquiera de ellos condena a la víctima a una situación de sufrimiento, marginación y exclusión que le impide participar políticamente en condiciones de igualdad con el resto de sus conciudadanos, aparte de romper una línea roja esencial (el respeto a la dignidad humana) sin la cual el sacrificio del hombre en los altares de los ídolos más diversos se generaliza rápidamente. La democracia muere y el totalitarismo nace cuando una autoridad política se cree con derecho a sacrificar cual peón de ajedrez a un ser humano en aras de cualquier objetivo. Las atrocidades del nazismo o el Holodomor soviético son dantescas expresiones de tal aberración.

Por eso es vital que el Estado anteponga al programa político de cualquier mayoría el pleno respeto a los Derechos Humanos de cada individuo, sin privilegio o discriminación alguna por razones de raza, sexo, ideología, religión...o cualquier otra diferencia de trato arbitraria. Lo contrario implica una desviación de poder que pervierte lo público y lo convierte en arma arrojadiza que hoy puede servir para pisotear a un conservador y mañana a un progresista, según quien mande. De ahí la necesidad de establecer mecanismos que prevengan el clientelismo, la corrupción, el nepotismo y, en general, el uso de los recursos y potestades del Estado, pagados por todos, para aupar a los amigos del cacique de turno, defenestrar a sus enemigos y, con ello, alimentar al monstruo del despotismo. Aunque no representa, ni mucho menos, la única garantía relevante, un poder judicial independinte es vital para lograr estos objetivos (sobre dicha cuestión escribí hace pocos meses este texto https://turia.uv.es/index.php/CEFD/article/view/31121/33920 ).

Sin esta cultura democrática elemental, la justicia es imposible independientemente de quien gobierne. Y parece que la estamos perdiendo con velocidad alarmante. Os explico: desde siempre me ha gustado opinar sobre aquellos asuntos que me resultan de interés, y suelo hacerlo con lengua afilada y sin casarme con nadie. Tengo predilección por las expresiones provocativas, irreverentes y ácidas. Primero porque suelen llamar la atención y despertar el interés del público mucho más que el lenguaje políticamente correcto, aparte de que hablar a calzón quitado permite apreciar en toda su dimensión la batería de ideas de tu interlocutor y así sacar conclusiones más provechosas. Y segundo porque somos un país tradicionalmente sumiso con la autoridad, y desafiarla metiéndole el dedo en el ojo desde una perspectiva dialéctica es el primer paso para hacerlo en la calle.

En dicha tesitura, hace tres meses opiné en twitter que la lucha armada de Hamas y Hizbolá (evidentemente siempre que se dirija contra soldados y colonos armados israelíes) es un arma legítima hasta que la ocupación de ese Estado genocida concluya. No era ni mucho menos la opinión más polémica que he expresado en redes sociales. Pero, enseguida, una tuitera de la órbita más derechista enlazó mi tuit y, citándola, exigió a la universidad donde trabajo que tomase medidas contra mí, siendo apoyada por varias decenas de tuiteros más. Ello me llevó a escribir este artículo https://www.meneame.net/story/discusion-fachosfera-sobre-resistencia-armada-palestina-acaba

Aunque me llamó la atención, por ser algo que jamás me había pasado en mis largos años de mordacidad (más allá de ser expulsado de mi universidad cuando era alumno de doctorado por unas críticas al rector, expulsión que fue anulada en los tribunales), no le di mayor importancia. Pero hoy me ha vuelto a pasar algo aún más grave. Opinando sobre las elecciones aragonesas y la atomización de las candidaturas de izquierdas, escribí en un tuit que Podemos se había convertido en una secta. Lo creo sinceramente: las sucesivas purgas de anticapitalistas, errejonistas, grupos territoriales y militantes individuales que discrepaban en lo más nimio con el discurso de Pablo Iglesias, ha acabado convirtiendo al partido en un búnker diezmado donde todo el mundo dice lo que Iglesias proclama desde Canal Red (muchas veces copiándole incluso la gestualidad y el tono de voz) y una persona tan desprestigiada e inidonea como Irene Montero ha sido colocada como número 2 de facto (el número 1 es Iglesias, obviamente) debido a sus relaciones familiares. La disciplina cuartelera y la persecución de toda crítica ha reducido drásticamente la militancia y la relevancia política de un partido que hoy prefiere seguir aislado frente a toda voz disidente y conformarse con un 3-4% de los votos, antes que atreverse a abrirse a la sociedad civil.

Esto derivó en una discusión con una defensora a ultranza de Podemos, cuya cuenta tiene unos 20.000 seguidores. Tras llamarme misógino y machista, me pidió argumentos para criticar a Irene Montero. Entre otros, aduje su empecinamiento en imponer, dentro de la Ley del Sólo Sí es Sí, el tipo penal que fusionaba los viejos delitos de abuso y agresión sexual, contra toda lógica jurídica y con más de 20 informes que le alertaban del riesgo de excarcelación de violadores debido a la mayor levedad del nuevo tipo penal respecto de las agresiones sexuales más graves. También critiqué su negativa a reconocer el error después de que el Pleno de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, con la unanimidad de todos sus magistrados conservadores y progresistas, concluyese que las rebajas de condena eran conforme a Derecho. Igualmente impresentable me pareció su rechazo a apoyar la nueva reforma que, para contener los daños, impulsó el PSOE volviendo a separar los diversos delitos de agresión sexual en tipos independientes según su gravedad. Preferir que siga el goteo de excarcelaciones antes que reconocer un error inhabilita a cualquier político.

Aparte de responderme con afirmaciones conspiranoicas sobre el complot de todos los jueces habidos y por haber contra Podemos, incluidos los progresistas, esta usuaria se dedicó a publicar tuits con mi cara citando a la Universidad de Murcia y exigiendo represalias contra mí, siendo apoyada por varias decenas de tuiteros de su órbita. A modo de ejemplo https://x.com/ceciliaencina/status/2005295396822946293

Siendo el segundo incidente en un trimestre, empiezo a preguntarme si de verdad se ha degradado tanto nuestra ya deficiente cultura democrática como para que desde sectores ideológicos antagónicos se pidan represalias contra un trabajador público...por sus opiniones políticas, esto es, por ejercer derechos humanos como la libertad de expresión o la libertad de conciencia. Es decir, que se conciban las administraciones públicas como feudos donde el afín en pensamiento debe ser ascendido y el disidente purgado. Esto encaja plenamente en el pensamiento totalitario, inherente a los nostálgicos del franquismo y también a los sectores más cerriles de la izquierda. Y representa la putrefacción de lo público y la muerte del sistema democrático. Ojalá sólo hayan sido dos anécdotas inconexas, pero vistas las últimas encuestas electorales, donde la ultraderecha está más fuerte que nunca, el futuro parece negro. Y este tipo de comportamientos desde ciertos sectores de la izquierda, unidos a la incomprensible falta de cualidades, conexión con la calle y ejemplaridad de sus liderazgos, constituyen uno de sus mejores combustibles.